AUTORIDAD O AUTORITARISMO

Parecía que las aguas iban volviendo a su nivel, finalmente habría primado la cordura y los días aciagos que había tenido el gobierno con la ola de paros y movilizaciones habían pasado, se pudo tender puentes de diálogo para restaurar el principio de autoridad y orden con lo que la gobernabilidad del país volvía a enderezarse.

Sin embargo el gobierno nuevamente mueve las aguas cuando el último domingo gracias a que el Congreso le otorgó facultades extraordinarias para legislar –durante sesenta días hábiles- en materia de tráfico ilícito de drogas, lavado de dinero, terrorismo, secuestro, extorsión, crimen organizado, trata de personas y pandillaje pernicioso, el presidente Alan García y la ministra de justicia, María Zavala presentan este paquete legislativo, luego de tres meses, que contienen normas que se prestan al debate y a la polémica respectiva.

En ella se da a conocer que con estos once Decretos Legislativos, promulgados al amparo de las facultades delegadas por el Congreso, la acción de la Policía Nacional y del Poder Judicial será más severa y eficaz en la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y el pandillaje. Esto no tendría nada de extraordinario sino fuera porque estas polémicas normas encierran "prohibiciones" demagogicas e inaceptables en un estado de derecho y que a la larga, tal vez, provoque el aplauzo de un sector de la población, pero no del país en general, lo que podría hacerlo tambalear ante un grupo político radical muy sensible y reacio a las actitudes que toma este gobierno en materia económica y social.

El primer decreto legislativo –que modifica el Código Penal– dispone que los "funcionarios públicos con poder de decisión o en cargos de confianza" que participen en una huelga deben ser inhabilitados y denunciados por el delito de extorsión. Dicha norma alcanza a los miembros del gabinete, a los congresistas, presidentes regionales, alcaldes y funcionarios de la alta dirección de cualquier ministerio, aunque la ministra de Justicia, fue enfática en señalar que dicha modificación se sustenta en el artículo 42 de la Constitución, que prohíbe a funcionarios del Estado plegarse a una huelga.

García no quiere hacerse problemas ni en el presente ni en el futuro y pretende poner el parche ante posibles rebrotes sindicalistas apoyados por congresistas, alcaldes y presidentes regionales de oposición, de paso el jefe de Estado responde al apoyo que las autoridades locales y regionales (presidentes regionales de Ancash y Puno, entre otros) dieron a las protestas de los últimos días.

Pero hay más en estos decretos, también exoneran de juicios a los uniformados que den muerte o hieran a manifestantes, esto equivale a ordenar a las tropas que disparen a discreción, lo que puede derivar en un alto número de víctimas.

El APRA remueve los cimientos, no solo de los sectores radicales sino también de varios presidente regionales, llámese moderados, como el presidente regional de Arequipa quien ya ha declarado que este gobierno tiene “visos autoritaristas”.

César Hildebrandt ha señalado que el presidente García, puede terminar como el ex mandatario de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada si insiste en autorizar el uso de las armas contra las protestas, ya que, según recordó, "Sánchez de Lozada fue obligado a renunciar en octubre del 2003 por una rebelión ciudadana, debido a que ordenó a las fuerzas armadas disparar contra manifestaciones populares de protesta, con un saldo de más de 70 muertos".

Sin embargo el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, negó que sea inconstitucional el decreto que establece la inhabilitación a las autoridades públicas que participen en huelgas, y subrayó que "el Estado no puede hacer paros contra el mismo Estado".

"O se gobierna con orden y con la ley, o se gobierna con caos y desorden (…) El Estado no puede hacer huelgas contra el mismo Estado, eso no tiene sentido", enfatizó en conferencia de prensa.Lo que pretende García es frenar de la manera más facilista todo tipo de marchas y movilizaciones. Intenta vetar o reprimir todo acto que le mueva el piso. La desaprobación que hoy ostenta se venía venir sobretodo del sector más pobre del país que, pese a los alardes triunfalistas de una bonanza macroeconomica que vive el país en estos últimos días, parece responderle a García y al Apra que el pueblo no ve esos logros y, aunque nadie pretende pensar que la pobreza se erradicará con "una varita mágica" por lo menos el desempleo, la asolapada alza de precios (¿Se han percatado que el pan ya subió y algunos productos alimenticios también?), pues eso desestabiliza el presupuesto de la canasta familiar, por ello haría bien García en recapacitar y dejar sin efecto cosas que no conducen a la estabilidad del país, sino todo lo contrario. Violencia más violencia podría traer como consecuencia hechos funestos al país.

Seamos sensatos porque lo primero es velar por la marcha pacifica de un país que no quiere divisiones sino unidad. Haría bien García en no "hacerse el harakiri político" porque lo único que conseguirá es que los radicalistas se conviertan en mártires. Principio de autoridad sí, pero con orden y estrategias dentro del estado de derecho, esa democracia que tanto pregonan ellos, pero que a la larga con medidas como estas, contribuyen a que sean comparados tanto o igual que al mismo Chávez o quizás al mismo Fujimori. Y eso puede traer hechos desagradables que nadie desea.