LA LEY DEL MÁS FUERTE

Lima, 22 Junio 2008.- La masiva protesta de la sureña región de Moquegua y la imposibilidad de controlarla con el tradicional recurso de la represión policial trajo consecuencias, tanto políticas como sociales, de las que como de costumbre este gobierno quiso deslindar rápidamente y fiel a la costumbre de nuestros gobernantes “romper la pita por el lado más débil”; ya que aquí se impone la ley del más fuerte, de aquellos que ostentan el poder entre sus manos.

Como todos sabemos, la protesta se debió a la demanda de una mayor participación regional en el llamado canon minero o parte de los tributos de la transnacional cuprífera Southern destinado a las regiones de Moquegua y Tacna.

Los moqueguanos entraron en huelga general y bloquearon las carreteras, aislando y desabasteciendo a Tacna, ante lo cual el gobierno exigió el cese de la medida para dialogar sobre el conflicto, sin haber buscado, obviamente, una solución previa.

El jefe de la policía de Moquegua, general Alberto Jordán, recibió la orden gubernamental de desbloquear un puente clave, pero cuando intentaba cumplir la orden, el oficial y unos 70 agentes fueron cercados por una multitud que encerró a los uniformados en una Iglesia y ante la cual el jefe lamentó lo ocurrido.

Pese a las exigencias del gobierno de dejar libres a los agentes, estos rechazaron tal pedido y sólo la mediación de la Defensoría del Pueblo pudo alcanzarlo, tras lo cual Jordán fue destituido.

Dos cosas de todo ello. Primero el enorme poder que tiene el sur del país se pone nuevamente de manifiesto. Ya que al igual que sucedió con el gobierno de Alejandro Toledo en el asunto de Arequipa (criticado por los apristas, en su momento por su falta de pasividad al afrontar la situación); hoy aquellos críticos del pasado, ya en el gobierno tuvieron un problema parecido pero igual de torpe al afrontar tal hecho con ineficiencia por parte de su inefable ministro del Interior y dejando traslucir una falta de previsión y buen manejo militar ante tales hechos liderados por un ministro al que le queda muy grande el cargo y que han dejado mal parado al gobierno.

En segundo lugar, es indudable que Alva Castro hace rato debe dejar el cargo. Por más que saque a relucir su labor en los hechos ocurridos en el mercado de Santa Anita. Los errores pesan más que todo y el señor Alva Castro no está para ser ministro de tan importante cartera. ¿Observen como en cada conferencia o en cada pregunta “incómoda” siempre va a susurrar algo al oído del militar que lo acompaña? No tiene temple, tacto ni intelecto para estar liderando una cartera clave, por más que Alan García lo siga respaldando.

Gracias a ello y en su afán de defender a su amigo de partido, el presidente García se permite maltratar a un policía de manera nefasta y vergonzosa. Viendo esas imágenes comprendo muchas veces a los pobres policías imposibilitados de decir ni “pío” ante el superior de turno. Es injusto que se haya maltratado la figura de un general de la PNP que cumplió órdenes y acudió con un pelotón desarmado e insuficiente de policías a restaurar una orden difícil de lograr. ¿Qué esperaba García? Que agradezca que ello no terminara en masacre.

Que gustó me dio cuando Jordán le replicará a su “majestad presidencial” que ante la falta de medios y otras limitaciones para romper el bloqueo por la fuerza, apeló al diálogo mediante la Iglesia Católica lugareña, en aras de una solución pacífica.

Cuando había iniciado pláticas con los dirigentes oficiales, asegura el general, un oficial antidisturbios enviado desde Lima atacó a los manifestantes con gases lacrimógenos por una orden que eventualmente llega desde la capital, lo que exacerbó más los ánimos.

Pero no solo eso, el oficial destituido también dijo que el presidente García está mal informado y se preguntó en qué situación estarían el gobierno y el jefe de Estado si él hubiera apelado a la violencia con un saldo de decenas de muertos.

Jordán sabía que su suerte estaba echada y solo le quedaba apelar a "la diplomacia hipócrita" para decirle a García tres verdades claras y directas.

Estos hechos hacen que uno se pregunte ¿Qué pasa con los servicios de inteligencia y la estrategia que debe existir para controlar tales hechos? En lugar de tratar de limpiar a su ministro favorito y ensuciar a un eficiente miembro policial, García debe gritar y poner orden allí donde verdaderamente se necesita levantar la voz y demostrar que él es el jefe Supremo de las Fuerzas Armadas.

Como bien lo resume el comentarista Alberto Adrianzén quien apuntó que la protesta de Moquegua no fue sólo un desborde, sino la evidencia de la falta de un Estado capaz de enfrentar y prever los problemas sociales, y de la falta de representatividad de los partidos tradicionales, ajenos a las demandas sociales.

Nosotros, no esperamos nada de las dichosas investigaciones, porque la historia nos indica que estas son letras muertas. Pero sí debemos protestar por el hecho de tomar como chivo expiatorio al general Alberto Jordán, maltratado por un presidente que con este tipo de actitudes echa por la borda algunos logros en su gestión. Porque García muestras esas dos caras que ya muchos conocen y que tal vez el pueblo también lo percibe, no por algo comienza a descender en las encuestas producto de las alzas desmedidas, los malos manejos en hechos de este tipo y la política del compadrazgo con varios miembros de su partido que no aportan sino malogran una gestión que no debe ser manchada con ese tipo de exabruptos de las que ya nos tiene acostumbrado nuestro mandatario, cuando se cree un ser supremo al que nadie puede criticar ni cuestionar.

El gobierno debe reparar en la serie de conflictos que existen en nuestro país y que ya han sido percibidos por la Defensoría del Pueblo cuya entidad ha denunciado que existen más de 60 conflictos sociales relacionados con temas medioambientales o con la distribución de recursos naturales, como el agua, o económicos como el canon.

El desafío es grande. El gobierno y principalmente García debe dejarse de soberbias y pensar que las regiones reclaman lo que les corresponde. El gobierno es el que finalmente determina la forma de asignar el canon. Esperemos que el gobierno preste atención a los conflictos cuando estas recién se gestan y no cuando ya están estallando. Porque el pedir que García destituya a Alva Castro es como pedir que la FIFA destituya a Burga. ¿Oigan, se parecen en algo, no?